La Comunidad Cristiana Popular de Lebrija se pronuncia ante la actitud de muchos Obispos españoles

El amor, el estar al lado del que sufre y el perdón, son exigencias cristianas a las que quedan condicionadas las distintas expresiones de la fe. En nuestro intento de ser fieles a esas exigencias no podemos entender la actitud hostigante de los Obispos a la política del actual Gobierno ni su recomendación de voto para las próximas elecciones.

Lógicamente reconocemos su derecho a opinar, criticar y rechazar medidas políticas. La fe no es una opción privada, que se limita al ámbito de lo religioso. La fe es una opción individual, pero con proyección colectiva, que nos compromete en la defensa de la dignidad humana.
Desde ese principio cristiano, los obispos, como todo creyente, tienen derecho y obligación de censurar las políticas que atenten contra las personas.
A lo que nadie tiene derecho, tampoco los obispos, es a considerarse los portadores de la verdad absoluta. Ni a manipular los hechos. Ni a pretender imponer sus criterios religiosos en una sociedad laica. Ni a hablar en nombre de muchas otras Comunidades Cristianas en las que la defensa de la vida, la familia y los derechos humanos, la entendemos como algo mucho más amplio y comprometido.

Nosotros creemos que los auténticos enemigos de la familia son; Los contratos basura, las jornadas interminables, los salarios míseros, los accidentes laborales, la especulación con la vivienda, la exclusión social, la pobreza, la violencia, la necesidad de emigrar, el hacinamiento en viviendas precarias... Estos son los factores que niegan el espacio y el tiempo a la familia. Los que la dividen, y condenan a la incomunicación, a la precariedad, y a la separación forzada:
Estos son los peligros reales que amenazan a la familia y los derechos humanos; estos, y no el divorcio, el aborto condicionado y el matrimonio homosexual.

Nosotros también apostamos por la familia. Y no lo hacemos desde la teoría, sino desde la práctica y afrontando sus dificultades, esforzándonos en vivir, y educar sobre los valores del amor, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el entendimiento y la responsabilidad personal.

No reconocemos el divorcio y el aborto, como la solución fácil a comportamientos irresponsables. Pero el amor cristiano no puede, ni debe ser juez de quién por circunstancias adversas, se vean forzadas/os a ello para solventar mayores sufrimientos. No se puede exigir a nadie a que eternice el infierno de unas relaciones rotas y, mucho menos, en situación de maltrato.
El dolor y la zozobra de las mujeres que se ven forzada a abortar; el sufrimiento de las parejas a quienes se les rompen sus sueños y la incertidumbre de las persona que, en un clima de adversidad, deciden hacer publico su amor a otra persona del mismo sexo, merecen el apoyo, y no la condena, de una Iglesia que predica el amor y la cercanía al que sufre.

La legitimación de la pareja homosexual, la oficialidad del divorcio y la despenalización del aborto,- en determinadas condiciones-, no hace más que hacer oficial lo que se ha venido haciendo a escondidas a lo largo de la historia. Un comportamiento que ha traspasado, en no pocas ocasiones, el seno de la propia Iglesia, por lo que cabe preguntarse si, para los obispos, el pecado está en los hechos o en hacerlos públicos.
Así mismo, no entendemos la recomendación a que no se vote a un partido, que dialogue con terroristas para que depongan su actitud violenta. Como debate político se podría medio entender pero… cómo llamada desde el evangelio… ¿Dónde queda el compromiso por la paz y el perdón cristiano?

Para terminar, una última pregunta a la Conferencia Episcopal: ¿Saldrán ahora a la calle para defender los derechos humanos contra la propuesta del PP, en política de emigración?

El pecado de los Obispos no es el opinar sobre política, a ello tienen derecho como todo ciudadano, su pecado es; manipular los hechos; pretender cambiar el sentido de la moral cristiana y, a la hora de decantarse por el voto, anteponer la defensa de sus privilegios a la política social y a la concordia ciudadana.